Ley de imprenta: "La opinión del derecho".
Por Melissa Marrón.
La ley de imprenta es un documento promulgado en 1917 por Venustiano Carranza, en él cual se rigen las leyes que regulan el contenido que reproducen las imprentas, consta de 36 artículos en los que presenta tres clases de delitos: los ataques a la vida privada, los ataques a la moral, los ataques al orden o a la paz pública.
Investigando un poco se ha observado que en la actualidad, cien años después de promulgada esta ley, su validez a ido careciendo, debido a que el contenido que sale en los medios no tiene censura alguna y se contrarresta, en parte, con lo que es la libertad de expresión.
Para obtener un punto de vista distinto se entrevisto a la Lic. en Derecho Roxana Carballo, quien tras analizar dicha ley nos ha dado su opinión:
"Podemos comparar que esta Ley de Imprenta carece de importancia ya que vemos de este desde nuestra suprema ley que es nuestra C.P.E.U.M. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y de manera más específica en el Código Federal Penal de nuestra entidad, no podemos decir que es esencial y en base a que la ley de imprenta es algo difícil de aplicar en lo que los tipos de violaciones que se pueden dar a las libertades de las personas, así que también podríamos decir que es necesario una actualización para abarcar también los nuevos métodos que la tecnología nos ha dado, dando la sugerencia desde mi punto de vista que deberían de actualizar esta ley; ya que careciendo de esto podemos reconocer que lo que no está prohibido por la ley, está permitido para el hombre.
De este modo si la ley de imprenta se visualizara podríamos darnos cuenta que seria necesario que algunos términos jurídicos se volvieran más explícitos para evitar desvíos en la ejecución de la ley."
Con el comentario de la Lic. se puede observar que en el lado del Derecho se opina que la Ley de imprenta debe de actualizarse, por motivos de que la prensa y los medios de comunicación han ido evolucionando por lo cual las normas que rigen su contenido también deberían de adaptarse a lo nuevo para facilitar su aplicación y conservar su validez.
La ley de imprenta es un documento promulgado en 1917 por Venustiano Carranza, en él cual se rigen las leyes que regulan el contenido que reproducen las imprentas, consta de 36 artículos en los que presenta tres clases de delitos: los ataques a la vida privada, los ataques a la moral, los ataques al orden o a la paz pública.
Investigando un poco se ha observado que en la actualidad, cien años después de promulgada esta ley, su validez a ido careciendo, debido a que el contenido que sale en los medios no tiene censura alguna y se contrarresta, en parte, con lo que es la libertad de expresión.
Para obtener un punto de vista distinto se entrevisto a la Lic. en Derecho Roxana Carballo, quien tras analizar dicha ley nos ha dado su opinión:
"Podemos comparar que esta Ley de Imprenta carece de importancia ya que vemos de este desde nuestra suprema ley que es nuestra C.P.E.U.M. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y de manera más específica en el Código Federal Penal de nuestra entidad, no podemos decir que es esencial y en base a que la ley de imprenta es algo difícil de aplicar en lo que los tipos de violaciones que se pueden dar a las libertades de las personas, así que también podríamos decir que es necesario una actualización para abarcar también los nuevos métodos que la tecnología nos ha dado, dando la sugerencia desde mi punto de vista que deberían de actualizar esta ley; ya que careciendo de esto podemos reconocer que lo que no está prohibido por la ley, está permitido para el hombre.
De este modo si la ley de imprenta se visualizara podríamos darnos cuenta que seria necesario que algunos términos jurídicos se volvieran más explícitos para evitar desvíos en la ejecución de la ley."
Con el comentario de la Lic. se puede observar que en el lado del Derecho se opina que la Ley de imprenta debe de actualizarse, por motivos de que la prensa y los medios de comunicación han ido evolucionando por lo cual las normas que rigen su contenido también deberían de adaptarse a lo nuevo para facilitar su aplicación y conservar su validez.
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